La reciente aprobación por parte del Gobierno de España de una regularización administrativa extraordinaria para personas migrantes en situación irregular introduce un cambio relevante en el marco de acceso al empleo y a los derechos sociales. Más allá de su dimensión normativa, la medida incide directamente en uno de los principales cuellos de botella de la inclusión: la situación administrativa como condición previa para la inserción laboral.
Desde Fundación Novaterra, entidad que trabaja en itinerarios de inclusión sociolaboral, se advierte que la falta de documentación en regla ha sido históricamente uno de los principales factores de exclusión para una parte significativa de las personas atendidas, en su mayoría de origen migrante. Sin autorización administrativa, el acceso al empleo formal queda bloqueado, empujando a muchas personas hacia la economía sumergida o a situaciones de alta precariedad.
La regularización abre ahora un escenario distinto. Supone, por un lado, la posibilidad real de incorporación al mercado laboral en condiciones legales; por otro, exige una respuesta ágil y coordinada por parte de entidades sociales, administraciones y tejido empresarial para dar oportunidades reales de incorporación a la sociedad a las personas.
En este contexto, cobra especial relevancia la situación de las personas que ya cuentan con expedientes administrativos en curso. La posibilidad de reconducir estos procesos hacia la nueva vía de regularización puede resultar determinante, siempre que se actúe con asesoramiento. Fundación Novaterra subraya que el impacto de esta medida no será automático. La regularización administrativa es un punto de partida, no de llegada. Para que se traduzca en inclusión efectiva será necesario reforzar el acompañamiento individualizado, el acceso a información clara y la activación de itinerarios de empleo adaptados a cada perfil.
Asimismo, esta nueva realidad interpela al mercado laboral, que se enfrenta a la oportunidad —y responsabilidad— de integrar a personas que hasta ahora quedaban fuera del sistema formal, aportando diversidad y cubriendo necesidades reales de empleo.
Ante este nuevo escenario, Fundación Novaterra subraya la importancia de reforzar el acompañamiento cercano a las personas beneficiarias del proceso de regularización. En este sentido, una vez completada la regularización administrativa, la entidad actuará como intermediaria laboral, colaborando activamente en los procesos de contratación y en el seguimiento de los itinerarios de inserción sociolaboral, facilitando el vínculo entre las personas participantes en sus programas y el tejido empresarial.